Los legisladores y funcionarios de la Casa Blanca dieron a conocer una amplia legislación de inmigración este jueves 18 de febrero, la cual incluye una propuesta para un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de migrantes que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
“Estamos aquí hoy porque el noviembre pasado, 80 millones de estadounidenses votaron en contra de Donald Trump y en contra de todo lo que él defendió. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la competencia en nuestro gobierno, y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de inmigración”, dijo el senador Bob Menendez, en una conferencia de prensa virtual.
El plan se basa en la propuesta integral de legislación de inmigración que presentó el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo. La Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021 incluye: la legalización de millones de inmigrantes indocumentados; un proceso más corto para obtener un estatus legal para los trabajadores agrícolas y los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia; y un plan de cumplimiento que incluye el despliegue de tecnología para patrullar la frontera.
El proyecto de ley pide 4.000 millones de dólares durante cuatro años para enfrentar la corrupción, mejorar la seguridad y fomentar la prosperidad en las comunidades de migrantes. Establece un plan para crear un procesamiento de refugiados en Centroamérica y así disuadir a los migrantes de intentar viajar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Biden, quien ha dicho que fue un “gran error” deportar a tantos inmigrantes indocumentados durante la administración de Obama cuando era vicepresidente, dijo que el proyecto de ley “administraría responsablemente la frontera” e invertiría en Centroamérica para eliminar el hambre y la violencia que impulsa a los inmigrantes hacia el norte y modernizaría la inmigración legal.
La Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos es la piedra angular del esfuerzo de Biden para contrarrestar la pasada campaña de Trump donde buscaba deportar a millones de inmigrantes indocumentados, una meta que nunca logró. Pero Trump llevó la aplicación de la ley a nuevos extremos, construyendo un muro fronterizo alto y horrorizando a muchos republicanos al ordenar la separación de miles de niños migrantes de sus padres durante varias semanas en 2018 para disuadir la migración masiva.
Este proyecto de ley crearía dos caminos hacia la ciudadanía: los trabajadores agrícolas, los “soñadores” que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños y las personas con estatus de protección temporal, que no pudieron regresar a casa debido a guerras o desastres naturales, inmediatamente serían elegibles para tarjetas verdes y podría solicitar la ciudadanía después de tres años.
Los solicitantes deben pasar verificaciones de antecedentes, pagar impuestos y haber estado en Estados Unidos desde el 1 de enero, un requisito establecido para evitar cualquier tipo de prisa hacia la frontera suroeste. Los demócratas dicen que el proyecto de ley invierte en seguridad fronteriza apuntando a narcóticos y contrabandistas de personas, penalizando a los empleadores que explotan a trabajadores ilegales y expandiendo los grupos de trabajo anti pandillas en Centroamérica.
De igual manera, además de crear millones de nuevos inmigrantes legales, el proyecto de ley también ampliará la lotería de visas de diversidad, la cual está abierta a inmigrantes de países cuyos ciudadanos no migran con frecuencia a los Estados Unidos, otorgando 80.000 visas al año en vez de 55.000.
Aunque Biden ha adoptado un enfoque regional para tratar de mejorar la calidad de vida de miles de personas y sus oportunidades de desarrollo. No obstante, por el momento las posibilidades de éxito no están claras principalmente por la pandemia del COVID, incertidumbre económica y múltiples variables que determinarán la aprobación de este proyecto de ley.
Es por esto que varios defensores públicos y aproximadamente 100 legisladores, incluyendo a Sánchez, han instado a Biden a considerar la legalización de al menos 5 millones de inmigrantes indocumentados a través de un paquete de reconciliación presupuestaria, el cual requeriría sólo una mayoría simple de votos en el Senado para su aprobación.
No obstante, el planteamiento de esta legislación presenta un paso enorme para mantener un sistema de inmigración flexible y funcional que respete los derechos humanos de inmigrantes y trabajadores que contribuyen entre 36 a 72 billones de dólares anualmente a la economía americana.
