Las Naciones Unidas (ONU) surgieron como un faro de esperanza para la cooperación internacional y la promoción de la paz y seguridad global tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial.Sin embargo, uno de los pilares de la organización, que pretende “salvar el mundo”, contiene un elemento controvertido: el poder de veto otorgado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Este privilegio tenía como objetivo garantizar la estabilidad global y al mismo tiempo proteger los intereses de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero creó una serie de dilemas y tensiones que resuenan en el derecho internacional. Irónicamente, aunque las Naciones Unidas defienden el principio de igualdad soberana de los estados, el poder de veto desafía este concepto al otorgar a un pequeño número de estados el poder de bloquear decisiones que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Se les dieron poderes que ningún otro estado tenía. Este desequilibrio entre las expectativas de justicia global y las realidades del poder geopolítico plantea cuestiones fundamentales sobre la eficacia y legitimidad de las Naciones Unidas como fuerza de paz mundial.
A lo largo de la historia, el Consejo de Seguridad de la ONU ha desempeñado un papel vital en la promoción de la paz y la seguridad internacional a través de medidas para abordar las amenazas y los conflictos que enfrenta el mundo, llevando a cabo operaciones de mantenimiento de la paz, imponiendo embargos de armas, sanciones económicas y hasta autorizando el uso de la fuerza cuando ha sido necesario para proteger a los civiles y restablecer la estabilidad en zonas afectadas por conflictos. De hecho, entre sus logros mas importantes están la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado internacional. Sin embargo, su capacidad para unir a países de todo el mundo y trabajar juntos para lograr la paz y la seguridad, considerando su importancia como uno de los principales órganos de las Naciones Unidas y su compromiso con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, está siendo amenazado por no seguir los fundamentos básicos del derecho internacional público.
El principio de igualdad soberana de los Estados ante la ley es uno de los pilares del derecho internacional. Según este principio, todos los países, independientemente de su tamaño, poder o influencia, disfrutan de igual soberanía y son tratados de manera justa e igualitaria en el ámbito internacional. Sin embargo, la existencia del derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU desafía este principio y plantea interrogantes sobre la verdadera igualdad de todos los estados en el sistema internacional, lo cual se podría considerar extremadamente irónico.
Para proporcionar contexto: el derecho al veto otorga a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido— un poder disforme sobre las decisiones del organismo. Esta prerrogativa les permite bloquear cualquier resolución, incluso si cuenta con el respaldo unánime (como por ejemplo la reciente resolución de un alto al fuego en Gaza, Palestina) de los demás miembros del Consejo y de la comunidad internacional en su conjunto. Esta situación crea un desequilibrio de poder que contradice el principio de igualdad soberana de los estados y socava la legitimidad y eficacia del sistema de seguridad colectiva de la ONU.
Algunos observadores, como Maya Ungar del International Crisis Group, cree que la ONU se enfrenta a una crisis de credibilidad en los países no privilegiados debido a la hipocresía y la inacción. Esto se ha visto con países como México, que ya han impulsado la eliminación del derecho al veto anteriormente por esta falta. Por desgracia, esto se está convirtiendo en un incentivo a que cada vez menos países cuenten con la ONU para resolver sus problemas diplomáticos y comiencen a acudir a otros medios como, por desgracia, la fuerza. La reciente influencia de Rusia en el Consejo de Seguridad para desestabilizar la región ucraniana podría ser otra muestra de la brecha entre los principios declarados de la organización y su comportamiento real en el escenario mundial. Además, la experta en seguridad internacional Raquel Baras Tejudo destacó que la ONU debe realizar reformas profundas para adaptarse a las realidades cambiantes del siglo XXI, porque tal decisión se tomó en 1949 y no responde a las exigencias de la sociedad moderna. La resistencia de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a cualquier intento de reforma, como el poder de veto, obstaculiza los esfuerzos por modernizar la organización y mejorar su capacidad para responder a los desafíos actuales.
En mi opinión, el mayor problema es la falta de mecanismos coercitivos en la ONU y el uso del poder de veto por parte de los países “privilegiados” para proteger sus intereses nacionales, incluso a expensas del impacto internacional. En otras palabras, los miembros del Consejo de Seguridad anteponen los intereses nacionales a los intereses comunes. Como resultado, algunos países quedan impunes por violaciones graves del derecho internacional, como crímenes de guerra o genocidio, mientras que otros países están sujetos a sanciones o medidas punitivas en circunstancias similares. Esto se debe principalmente a que su anacrónica estructura institucional apenas ha cambiado desde su creación hace 75 años, lo que refleja un orden internacional en el que los intereses nacionales aún dominan las decisiones clave, lo que obstaculiza la capacidad de la ONU para abordar eficazmente los problemas globales.
Por ejemplo, (sin entrar en política, y por tanto absteniéndome de situarme a un lado del conflicto, sino mirándolo desde una perspectiva neutral y jurídica) es irónico en el ámbito legal ver cómo Estados Unidos apoya sin reservas a Israel, incluso mediante el poder de veto en el Consejo de Seguridad, pudiendo interpretarse como una conspiración para violar los principios básicos del derecho internacional. Esta situación me plantea cuestiones éticas sobre la coherencia y coexistencia de las políticas exteriores de las potencias mundiales en materia de protección de los derechos humanos y promoción de la paz, como mencioné anteriormente. Esta paradoja se agrava cuando se considera que, si bien Estados Unidos afirma defender los valores democráticos y los derechos humanos en todo el mundo, su apoyo a Israel podría verse como una participación en actividades que resultan en la pérdida de vidas civiles y la escalada de la violencia considerando la situación regional que está viviendo Israel. Esta situación, por tanto, pone de relieve la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de cuestionar el papel de las superpotencias en la promoción de la justicia y la estabilidad global y especialmente la eficacia del Consejo de Seguridad.
En este sentido, la existencia del poder de veto del Consejo de Seguridad plantea desafíos importantes al derecho internacional y a la capacidad de las Naciones Unidas para promover de manera justa y efectiva la paz y la seguridad internacionales. A pesar de ser una conclusión contundente, su reforma o, en el peor de los casos, abolición puede ayudar a fortalecer la igualdad soberana de los estados y mejorar la capacidad de la ONU para cumplir sus obligaciones de manera más justa y objetiva. Sin embargo, si la ONU sigue sin estar dispuesta a abordar estas importantes cuestiones, su credibilidad y legitimidad como garante de la estabilidad global se verán socavadas. Nos enfrentamos a un momento crítico de la historia y no actuar podría tener consecuencias catastróficas. La ONU corre el riesgo de convertirse en un testigo pasivo de los conflictos y crisis globales actuales y por venir, y de perder su capacidad de influir y promover cambios significativos. Sin una reforma sustancial de la ONU y su Consejo de Seguridad, la ONU puede, irónicamente, desempeñar el papel de un gigante inerte. En última instancia, el futuro de las Naciones Unidas y su papel en el escenario mundial depende de la voluntad política de sus Estados Miembros de adoptar medidas audaces y eficaces para fortalecer su capacidad de responder decisiva y firmemente a los desafíos del siglo XXI.
